Imagen ilustrativa generada con IA (Gemini).
La agenda de las energías renovables en la Argentina comenzó a concentrarse en un desafío que excede la incorporación de nueva generación: contar con reglas de contratación, mecanismos de financiamiento y capacidad de transmisión suficiente para que las inversiones puedan concretarse. Ese fue uno de los ejes del Renewables & Electricity Day, realizado el 29 de septiembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con participación de referentes públicos y privados del sector eléctrico.
El encuentro abordó la regulación del mercado, la expansión de la transmisión, la generación renovable, la contractualización y las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones. En ese marco, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) presentó una propuesta para incorporar a la Ley 24.065 reglas vinculadas con la remuneración y la expansión del sistema eléctrico, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el financiamiento.
La iniciativa es una propuesta sectorial y no debe confundirse con una ley formalmente ingresada al Congreso. Su planteo busca dar mayor previsibilidad a las decisiones de generadores, transportistas, grandes usuarios, proveedores y financiadores, en un contexto en el que la disponibilidad de redes condiciona la incorporación de nuevos proyectos.
El otro punto concreto de la agenda es AMBA I. La Secretaría de Energía autorizó el 10 de agosto de 2026, mediante la Resolución 202/2026, el llamado a licitación del proyecto bajo el régimen de concesión de obra pública. La iniciativa contempla nuevas líneas de transmisión, una estación transformadora en Plomer y obras de compensación para reforzar el sistema en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
AMBA I todavía se encuentra en etapa licitatoria: no hay evidencia de que hayan comenzado las obras físicas. Según la convocatoria oficial, la apertura de sobres está prevista para diciembre de 2026, una instancia que aún es futura. Por eso, el proyecto funciona por ahora como una referencia de planificación y como un caso testigo para evaluar la capacidad de estructurar ampliaciones de infraestructura eléctrica.
El proceso se desarrolla además bajo el marco de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista establecido por la Resolución 400/2025, que habilitó una mayor contractualización. Esa orientación procura ofrecer un marco más claro para los acuerdos de suministro y para la asignación de riesgos, dos aspectos relevantes para la bancabilidad de las inversiones.
La discusión sectorial, así, vincula tres planos: la actualización regulatoria, la posibilidad de contratar energía en condiciones previsibles y la expansión de la red. El próximo hito confirmado para AMBA I será la apertura de sobres prevista para diciembre, mientras que la propuesta de CADER deberá atravesar eventuales instancias institucionales antes de transformarse, si eso ocurriera, en una iniciativa legislativa formal.
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Fuentes consultadas
