Schlumberger Argentina S.A. informó el 5 de septiembre que no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. La empresa vinculó expresamente su decisión con el Decreto 868/2026, publicado el día anterior en el Boletín Oficial.
La comunicación se produce en medio de la aplicación de un esquema que busca agilizar la Ley 26.659. La norma alcanza, entre otras conductas, la prestación de servicios técnicos, logísticos, financieros, comerciales y de consultoría destinados a proyectos hidrocarburíferos que no cuenten con autorización argentina.
El decreto fue firmado el 3 de septiembre e incorporó declaraciones juradas y mecanismos de control para permisos, concesiones, habilitaciones hidrocarburíferas y adhesiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De este modo, la regulación también contempla a proveedores y contratistas que pudieran brindar servicios a esos proyectos.
La definición de SLB no implica que la compañía haya abandonado una licitación concreta: no se verificó su participación previa en un proceso específico para proyectos en las islas. La empresa sí mantiene actividad y vínculos comerciales en la Argentina, entre ellos iniciativas de capacitación anunciadas en 2026 junto con el Instituto Vaca Muerta.
En paralelo, la Cancillería argentina inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas que, según informó el Gobierno, están vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El procedimiento comprende a empresas, accionistas y compañías prestadoras de servicios.
Entre los proyectos vinculados con la disputa se encuentra Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ambas compañías comunicaron que continuarán con su desarrollo pese a las medidas adoptadas por la Argentina.
La decisión de SLB pone el foco en el efecto que tendrá la aplicación de la Ley 26.659 sobre las empresas de servicios petroleros que operan en el país y, al mismo tiempo, mantienen vínculos con proyectos hidrocarburíferos no autorizados por la Argentina. Por ahora, la comunicación no permite determinar efectos sobre contratos, inversiones o proveedores vinculados con la actividad de la compañía en Vaca Muerta.
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